A raíz de la negativa a una solicitud de celebración e inscripción del matrimonio de una pareja de hombres homosexuales al Registro Civil, se presentó una acción de protección solicitando que se aplique la Opinión Consultiva OC 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante ello, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Pichincha consulta la compatibilidad de su aplicación con el artículo 67 de la Constitución, que establece que el matrimonio es entre hombre y mujer, a la Corte Constitucional del Ecuador.

A raíz de la negativa de la celebración del matrimonio de seis (06) parejas no heterosexuales, formuló una acción de tutela en aras de reconocer su derecho al matrimonio. La negativa a reconocer el matrimonio se basó en la aplicación literal de la Sentencia C-577 de 2011 (20 de junio de 2013); mediante la que se establecía el reconocimiento del “vínculo contractual entre parejas del mismo sexo” mas no matrimonio civil.

La Corte Constitucional analiza la constitucionalidad del artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación, y la frase “en una mujer que padezca de una discapacidad mental” contenida en el numeral 2 artículo 150.

El caso versa sobre el requerimiento de inconstitucionalidad respecto de las normas del proyecto de ley Boletín N° 9895-11, que “regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”: (i) la mujer se encuentre en riesgo vital; (ii) el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso, de carácter letal; y, (iii) el embarazo sea producto de una violación.

El caso versa sobre la acción pública de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 122 de la Ley 599 del 2000 (Código Penal) que contemplaba el delito de autoaborto y aborto consentido.